Según La Política Online, el gobernador avanzó con el pliego del juez Carlos Lezcano, quien fue socio y apoderado de Juez hasta 2003. La decisión acelera la salida de Juan Manuel Delgado y reconfigura el mapa judicial cordobés.

En una jugada de alto impacto político y judicial, el gobernador Martín Llaryora decidió impulsar al juez de Control Nº 5 de Córdoba, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales provinciales. La designación del magistrado —que durante años fue socio, apoderado y aliado político de Luis Juez— deja al actual fiscal General, Juan Manuel Delgado, virtualmente fuera de funciones.

La medida fue interpretada como un mensaje directo del Ejecutivo provincial, que desde hace meses mantenía tensiones con Delgado. Con el pliego ya enviado, el mandatario cordobés busca acelerar el recambio en la conducción del Ministerio Público y avanzar hacia un esquema de mayor control político sobre la estructura judicial.

Lezcano y Juez mantuvieron una sociedad profesional y política durante años. Incluso, en 1998, el hoy juez fue su apoderado en la interna peronista contra Juan Schiaretti y Germán Kammerath. La relación se quebró en 2003, cuando Lezcano aceptó ingresar al Poder Judicial provincial durante la gobernación de José Manuel de la Sota, decisión que Juez consideró una traición.

Tras más de dos décadas de carrera judicial, Lezcano llega a esta instancia con un perfil técnico y reservado, y con antecedentes de alto impacto: llevó a juicio la causa por el asesinato del adolescente Blas Correas, que comprometió a la Policía provincial, y la investigación que terminó con el enjuiciamiento del exconcejal peronista Guillermo Kraisman, detenido por el robo de una bondiola en un supermercado.

Aunque su mandato vence en marzo, la presentación del pliego de Lezcano dejó a Delgado sin peso institucional. Para la lectura política cordobesa, Llaryora decidió desplazarlo de hecho al exponer públicamente a su sucesor y marcar la necesidad de un cambio inmediato.

El oficialismo en la Legislatura podría tratar el pliego antes de fin de mes. Ese movimiento aceleraría la salida de Delgado y avanzaría en la implementación del plan de “territorialidad” del gobierno provincial, que incluye coordinación directa entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad.

Si la designación avanza, Lezcano deberá coordinar con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, otro dirigente que históricamente fue mano derecha de Juez hasta 2019. El nuevo vínculo entre ambos abre interrogantes sobre el equilibrio político dentro del oficialismo y la oposición.

La jugada de Llaryora instala así un nuevo eje de poder en la Justicia provincial, reabre viejas rivalidades en el juecismo y redefine las relaciones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Todo en un contexto donde la inseguridad se volvió una de las principales demandas sociales y cada movimiento judicial tiene impacto político directo.