CTERA convocó a paro docente y el resultado fue disparejo según la jurisdicción. Las escuelas de la Ciudad y la Provincia respondieron de manera variada: algunas mantuvieron puertas abiertas con actividades educativas, otras se adhirieron completamente a la medida de fuerza.

La tensión subió cuando autoridades provinciales impartieron una orden explícita: las escuelas debían abstenerse de facilitar información a los inspectores del Gobierno nacional. Estos funcionarios se presentan en los establecimientos para verificar que se cumpla con el piso mínimo de presencia docente, fijado en un 75%.

El Gobierno nacional ejecuta inspecciones sistemáticas para supervisar que los servicios educativos mantienen un funcionamiento básico durante medidas de protesta. Este control pretende evitar que la educación se vea completamente paralizad.

La indicación de no reportar información constituye una estrategia para obstaculizar el monitoreo estatal sobre el cumplimiento de presencia de personal. En esta forma, se busca resguardar datos que podrían ser utilizados en contra de la medida de fuerza convocada.

CTERA fundamenta el paro en demandas relativas a salarios, condiciones de trabajo y beneficios laborales del sector docente. La jornada de huelga representa una herramienta de presión en las negociaciones con el Estado.

La respuesta fragmentada refleja realidades distintas entre territorios educativos. Algunos establecimientos priorizaron mantener la educación activa; otros respaldaron la protesta gremial de manera contundente.

Imagen: cottonbro studio / Pexels – Con informacion de Clarín