El vocero presidencial anunció que el protocolo que ya permite detectar y bloquear teléfonos en establecimientos penitenciarios federales podrá extenderse a las cárceles provinciales que adhieran. El objetivo es impedir que los dispositivos sean utilizados para coordinar delitos, estafas o extorsiones desde prisión.

El Gobierno nacional invitó a todas las provincias a adherirse al protocolo de detección y bloqueo de teléfonos celulares en cárceles, una herramienta que ya se encuentra habilitada en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal.

Según explicó el vocero presidencial, el mecanismo fue autorizado mediante la Resolución 336/26, publicada el 20 de abril de 2026, y permite implementar sistemas destinados a detectar e inhabilitar dispositivos utilizados dentro de las unidades penitenciarias federales.

Ahora, a través del ENACOM, el Gobierno resolvió ampliar el alcance del sistema para que también pueda aplicarse en establecimientos provinciales. Debido a que la seguridad es una facultad no delegada por las provincias, cada jurisdicción deberá adherir al protocolo nacional para implementar la medida en sus cárceles.

El objetivo es evitar que personas privadas de su libertad puedan utilizar teléfonos para realizar estafas, extorsiones o coordinar delitos desde los establecimientos penitenciarios.

Desde el Ejecutivo convocaron a las jurisdicciones provinciales a adherirse de manera inmediata para extender el bloqueo y unificar la herramienta en cárceles de todo el país.