El Ejecutivo procedió a cancelar el fondo destinado a solventar pasajes gratuitos en transporte público para personas con discapacidad y menores diagnosticados con cáncer. La acción se formalizó mediante resoluciones que alegan carencia de cobertura presupuestaria para sostener las prestaciones compensatorias existentes.

A pesar de esta medida, el derecho a viajar sin cargo en el transporte continúa siendo válido y justiciable según las normas legales vigentes. La legislación que establece este derecho no fue modificada ni derogada por esta gestión.

El oficialismo manifestó que «la continuidad de las compensaciones previstas en las resoluciones previas carece de sustento». Este pronunciamiento expresa la evaluación gubernamental acerca de la viabilidad de mantener estos recursos económicos.

Durante décadas, el transporte económico para grupos vulnerables ha permanecido en el centro de discusiones político-sociales. Personas que viven con discapacidades y niños con patologías oncológicas requieren seguridad en el acceso a la movilidad para concurrir a tratamientos médicos, asistir a instituciones educativas y participar en la vida comunitaria.

La eliminación de este fondo ha generado preocupación entre organismos defensores de derechos de personas con discapacidad. Aún se ignora bajo qué sistema se financiarán estos pasajes a partir de ahora y qué procedimientos implementará el estado para garantizar la prestación.

Las autoridades gubernamentales indicaron que se evaluarán opciones para resguardar el beneficio a través de otros instrumentos presupuestarios o convenios con proveedores. Los interesados conservan la capacidad legal para reclamar este beneficio basándose en la normativa que lo consagra.

Se espera información más detallada en próximos anuncios sobre los mecanismos de operación y financiamiento que reemplazarán al sistema anterior.

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