La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone ampliar las restricciones vigentes e incorporar nuevas figuras penales para acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o influir mediante campañas coordinadas de desinformación.

El proyecto enviado al Congreso busca ampliar los controles sobre la participación extranjera en la política argentina. La Ley Malvinas, denominada formalmente Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, propone impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras puedan financiar, organizar, dirigir o ejecutar actividades de campaña electoral o propaganda.

Además, la iniciativa incorpora nuevas figuras penales para quienes actúen por cuenta, orden o con financiamiento de Estados, organizaciones o agentes extranjeros con el objetivo de alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Las penas previstas van de 5 a 12 años de prisión y pueden elevarse a 8 a 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.